WASHINGTON,
a 31 de agosto de 2005 — La infraestructura ha mejorado en la mayoría de
los países de América Latina y el Caribe (ALC) en la última década, pero una fuerte
caída de la inversión en el sector obstaculiza el crecimiento, la reducción de la
pobreza y la capacidad de la región de competir con China y otras economías dinámicas
de Asia, señala un nuevo informe del Banco Mundial.
Según el estudio Infraestructura en América Latina y el
Caribe: tendencias recientes y retos principales, elaborado por las
economistas del Banco Mundial Marianne Fay y Mary Morrison, la región actualmente gasta
menos de 2 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) en infraestructura, en
contraposición con 3,7 por ciento entre 1980 y 1985. Dicho gasto debería ser del 4 al 6
por ciento anual para alcanzar o estar a la altura de países que en el pasado se
encontraban más atrasados, como Corea y China.
"El progreso en América Latina y el Caribe ha sido en general
más lento que en otros países de ingreso medio como China", señaló Marianne
Fay, coautora del informe y economista líder del Banco Mundial para Infraestructura en
América Latina y el Caribe. "La región se ha quedado rezagada en lo
que se refiere a energía eléctrica, redes viales y telefonía fija. Sólo en telefonía
móvil y acceso a agua potable y saneamiento se desempeña comparativamente bien".
Según el informe, el déficit de infraestructura disminuye la
productividad y la competitividad de las empresas latinoamericanas y genera una
desaceleración del crecimiento económico. Los costos de logística (transporte y
almacenamiento) son elevados en ALC, y, en gran medida, esto se debe a una inadecuada
infraestructura de transporte. Los costos representan aproximadamente un 10 por ciento del
valor del producto en países industrializados, pero en la región varía entre el 15 por
ciento en Chile y 34 por ciento en Perú.
El estudio argumenta que la región necesita incrementar su inversión
en infraestructura, tanto pública como privada. A pesar de ciertas expectativas, la
inversión del sector privado nunca compensó los recortes del sector público de la
década del noventa y, además, ésta se derrumbó en los últimos años. El monto de los
proyectos de infraestructura con participación del sector privado en la región cayó de
un pico de US$71 mil millones en 1998 a US$16 mil millones en el 2003.
Más aun, diversos países y sectores han recibido muy poca inversión
privada. El 93 por ciento de los proyectos de infraestructura con participación del
sector privado en América Latina y el Caribe en el período 1990-2003 benefició
únicamente a seis países (Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Perú y México), y
particularmente al sector de telecomunicaciones y energético.
Según el estudio, atraer nuevamente al sector privado requerirá de un
marco institucional, regulatorio y legal más sólido, contratos más transparentes y
estructuras financieras innovadoras que hagan que los proyectos sean menos riesgosos y
mejoren el rendimiento de los inversores. Muchos de los problemas de la intervención del
sector privado, incluyendo la renegociación frecuente de las concesiones, han surgido de
arreglos y controles inadecuados por parte de las instituciones de gobierno.
Las mejoras a realizarse en estas áreas también contribuirán a
atender el sentimiento negativo del público frente a la privatización --un sentimiento
actualmente extendido en la región-al ayudar a que la calidad, los niveles de servicio y
costos razonables se mantengan, en particular para los grupos desfavorecidos.
Adicionalmente, el priorizar el destino de los subsidios públicos hacia las poblaciones
que más los necesiten beneficiará a los segmentos más pobres.
"La experiencia reciente en América Latina demuestra que los
gobiernos siguen siendo esenciales en cuanto a la provisión de infraestructura",
explicó Mary Morrison, co-autora de este informe. "El
financiamiento público a veces no sólo es indispensable; el Estado juega un papel
fundamental como socio y supervisor de los operadores privados y como protector de los
consumidores".
El estudio presenta nueva investigación del Banco Mundial que señala
que mejorar la infraestructura de la región hasta alcanzar el nivel de Corea podría
generar un aumento en el ingreso per cápita anual de 1,4 a 1,8 por ciento del PIB, así
como una reducción en la desigualdad del 10 al 20 por ciento. Los pobres se benefician de
la expansión de infraestructura porque el acceso a agua potable, electricidad y otros
servicios mejora la salud y la calidad de vida y, por otra parte, porque les permite
progresar económicamente. El desarrollo de una infraestructura de caminos, por ejemplo,
significa un mejor acceso a los mercados para los pequeños agricultores y las comunidades
rurales.
"Aumentar la inversión en infraestructura representa un gran
desafío para los gobiernos de América Latina y el Caribe", sostuvo Fay.
"Pero los beneficios potenciales bien valen la pena el esfuerzo, no sólo en
términos de crecimiento y competitividad, sino por la mejora en las oportunidades y
estándares de vida de los pobres de la región".
En acceso a agua potable, la región supera al promedio de países de
ingresos medios, al igual que China, al pasar del 82 por ciento de la población en 1990 a
89 por ciento en el 2002. Por otra parte, la región cuenta con una mayor penetración de
telefonía celular que otros países de ingresos medios. Sin embargo, menos de un tercio
de las redes de rutas nacionales se encuentran en buenas condiciones y el nivel de la
región cayó por debajo del de los países de ingresos medios en su capacidad para
generar energía.
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Marianne Fay, coautora
del estudio, comenta los hallazgos del informe
 Entrevista
en audio
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i = inglés
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